Un extrabajador de una gran distribuidora de alimentación denunció hace unas semanas ante la Fiscalía Provincial unas supuestas irregularidades en el etiquetado de productos cárnicos procedentes de cerdos ibéricos comercializados en los grandes almacenes donde él estaba empleado y en otros. El hombre aseguraba que ese etiquetado no reunía las condiciones exigidas por la ley porque no identificaba a la empresa certificadora y hacía menciones no autorizadas, lo que a su juicio podía inducir a error a los consumidores que, según el demandante, constituían un delito de estafa y otro de publicidad engañosa.
Sin embargo, no era la única denuncia que había hecho el hombre, que prácticamente no había dejado organismo en el que no hubiera reclamado. Había interpuesto quejas ante la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la Oficina Municipal de Información al Consumidor, el Servicio Central de Calidad Agroalimentaria de Sevilla, el jefe de Estructuración Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Dirección General de Salud Pública y Alimentación de la Comunidad de Madrid, el Área de Calidad Agroalimentaria de la Junta de Andalucía, el Servicio de Industrias y Promoción Agroalimentaria de la Región de Murcia y el departamento de Control de Producción Agraria. En total, 15 denuncias.
Finalmente, la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Madrid, que la trasladó a la Sección de Consumo, Medio Ambiente y Dopaje de la Policía Nacional no sin antes advertirle a los agentes de que el demandante era un extrabajador de Makro y podía estar actuando "por motivos espúreos", pues había sido despedido de la cadena de alimentación.
Tras las primeras indagaciones, la Fiscalía determinó que únicamente habría delito de estafa si el consumidor estuviera dispuesto a dejar de adquirir el producto de haber conocido las características reales del mismo, que deberían ser "tan discordantes con la realidad" que hubieran provocado la reacción del usuario. Por ejemplo, asegura el Ministerio Público, "si la carne de los productos objeto de esta denuncia tuviera una procedencia animal distinta y correspondiente a otra especie que ordinariamente no se destina al consumo humano".
En otras palabras, que para la Fiscalía únicamente si la compañía hubiera dado gato por cerdo podríamos estar hablando de una estafa, pero que como eso no ha ocurrido, pues no es un delito. "El engaño al perjudicado tiene que ir más allá de las meras irregularidades en el etiquetado", sostiene el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo, que es quien firma el escrito de archivo de la queja el pasado 17 de febrero. En relación con el otro posible delito denunciado, el de publicidad engañosa, el portavoz del Ministerio Público argumenta que el Código Penal "exige que el perjuicio al consumidor sea grave y manifiesto".
El fiscal confiesa que "duda mucho" que "las irregularidades en el etiquetado" que pone de relevancia el denunciante "o las inexactitudes en cuanto al origen del producto en cuestión impliquen dicha gravedad, sobre todo porque tampoco se afirma que dichas irregularidades supongan una diferencia de precio tan relevante" como para que sea considerada una infracción penal. Según el Ministerio Público, no hay "relevancia penal alguna". En todo caso, subraya, los hechos podrían ser constitutivos de una infración administrativa, que supone el fiscal que han sido incoadas "a la vista de las múltiples reclamaciones interpuestas".
El denunciante puso de manifiesto que algunos jamones y otro tipo de productos que se etiquetaban en los mencionados establecimientos como procedentes de cerdo ibérico en realidad habían salido de un cerdo con madre ibérica, sí, pero con padre rumano. Estos últimos se están cruzando con ibéricos porque tienen más producción, algo que es perfectamente legal.
Hace dos años, el Consejo de Ministros aprobó la norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos, que obligó a los vendedores a etiquetar con la indicación del porcentaje racial. Estableció la etiqueta negra para los productos que son 100% ibéricos y la roja para los que no llegan a esta pureza.
El problema es que hay jamones que pueden atenerse a la normativa antigua al haber empezado el proceso de curación antes de que entrara en vigor la actual, con lo que este tiempo están conviviendo los dos etiquetados. Según el denunciante, en los primeros no se explica bien el asunto de los sementales rumanos.
Fuente de información:
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-03-24/el-jamon-de-un-cerdo-de-padre-rumano-tambien-es-considerado-iberico-por-la-fiscalia_1173583/
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